La Ley 34/200 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) constituye el marco jurídico fundamental que regula las actividades económicas y de prestación de servicios llevadas a cabo a través de medios electrónicos en España. Su finalidad principal es establecer un marco que garantice la protección de derechos de las partes: prestadores de servicios y consumidores. Además, es clave para garantizar la confianza en el mercado online y favorecer un motor importante de la economía.
¿Qué regula la LSSICE?
La LSSICE regula todas las transacciones comerciales realizadas a través de internet, incluida la venta a través de tiendas online.
Esta normativa también regula el envío de cualquier correo electrónico u otro tipo de comunicación por vía electrónica que tenga fines comerciales, como los SMS o el envío de mensajes por WhatsApp desde cuentas empresariales. Igualmente, se definen los derechos del usuario en relación a su consentimiento y a la transparencia de la información.
Otro punto clave que se establece en la LSSI es la contratación online de servicios, como los financieros o de seguros, así como los servicios de intermediación. Esta ley define las condiciones para la validez y eficacia de los acuerdos entre las partes.
Ejemplos de actividades específicas sujetas al LSSI
Estos son algunos casos en los que su empresa podría tener que cumplir con la LSSICE:
- Venta de productos en un e-commerce
- Envío de newsletters a suscriptores
- Celebración de contratos electrónicos
- Anuncios en redes sociales o sitios web
- Gestión de reservas o citas online
- Servicios de consultoría o formación online
- Páginas web o blogs con fines comerciales
- Participación en redes sociales con fines promocionales
Generalmente, cualquier actividad en internet con fines lucrativos en el marco de las empresas se debe supeditar a la ley, que establece las obligaciones y derechos de proveedores y usuarios.
¿Cuál es el objetivo de la LSSICE?
Esta normativa vigente en España es clave para la protección de ambas partes, es decir, empresas y consumidores. Además, también tiene como objetivo salvaguardar la confianza en el propio sistema, lo que fomenta la prosperidad del mercado a largo plazo. En definitiva, la LSSICE garantiza la seguridad jurídica y la transparencia en el entorno digital.
Protección de los derechos de los consumidores
La ley establece de forma clara los derechos y obligaciones de las partes involucradas en las transacciones electrónicas, lo que reduce la incertidumbre y los posibles conflictos. En concreto, el consumidor queda más protegido, pudiendo aumentar su confianza en las futuras compras, contrataciones y comunicaciones online.
Estos son algunos de los mecanismos que establece la LSSI para los consumidores:
- Derecho de desistimiento en las compras online
- Confirmación de la recepción de pedidos
- Protección de datos personales siguiendo el RGPD
- Prohibición de prácticas comerciales desleales
- Mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos
En definitiva, la Ley 34/2002 busca garantizar un entorno seguro y transparente que obligue al prestador de servicios a proteger al consumidor, de manera que pueda tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos con confianza.
Asimismo, la empresa no solo debe proteger los derechos del consumidor, sino que también tiene la obligación de informar sobre dichos derechos. Por ello, se debe incorporar información legal en el sitio web para todos los usuarios que deseen consultarla en cualquier momento. Dicha información debe estar actualizada y es importante que sea accesible, fácil de leer y en lenguaje claro.
Fomento de la confianza en la sociedad de la información
La confianza es esencial para que los consumidores se sientan seguros al realizar transacciones online, lo que a su vez garantiza que las empresas obtengan la rentabilidad necesaria en estos canales, al tiempo que se protegen y contribuyen a crear un mercado online más justo y competitivo.
La LSSI también es clave para el mercado español, pues favorece la digitalización de las empresas. Así, la seguridad jurídica que proporciona la LSSI permite a las empresas experimentar con nuevos modelos de negocio y tecnologías digitales, impulsando la innovación y el desarrollo de nuevos servicios online.
¿A quién afecta la LSSICE?
El ámbito de aplicación de la LSSI es amplio e incluye a personas físicas o jurídicas que presten servicios de la sociedad de la información en España o que dirijan sus servicios al mercado español, de manera que abarca tanto a prestadores de servicios establecidos en España como en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo..
¿Cómo cumplir con la LSSICE 34/2002?
Cumplir con la LSSICE implica adoptar una serie de medidas y buenas prácticas que garanticen la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos de los usuarios en el entorno digital.
Qué información debe incluirse en la página web
La Ley 34/2002 establece una serie de obligaciones para los prestadores de servicios, como la obligación de informar en su página web sobre:
- Su identidad
- Datos de contacto
- Condiciones de contratación
Por otra parte, la LSSI obliga a obtener el consentimiento expreso de los usuarios para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios electrónicos.
Normas para el envío de emails comerciales
La ley establece la prohibición de enviar correos promocionales si no se han autorizado previamente de manera expresa por el usuario. Además, las comunicaciones comerciales deberán ser claramente identificables como tales.
Con todo, se matiza esta obligación en el artículo 21, punto 2, con lo siguiente:
En cualquier caso, la empresa debe ofrecer a los destinatarios una forma fácil y gratuita de indicar que no quieren recibir más publicidad.
Cómo obtener y gestionar el consentimiento del usuario
La LSSICE establece que en situaciones donde sea viable y efectivo desde un punto de vista técnico, el usuario deberá dar su consentimiento para que sus datos sean utilizados.
Antes de solicitar el consentimiento se debe informar al usuario de manera clara y comprensible sobre la finalidad del tratamiento de sus datos. La política de privacidad puede ser el canal para comunicar quién será el responsable del tratamiento, si se cederán datos personales a terceros y cuáles son los derechos del interesado.
Es fundamental tener en cuenta que el consentimiento debe ser una manifestación clara e inequívoca de la voluntad del usuario. Esto se puede obtener a través de una acción positiva, como marcar una casilla o hacer clic en un botón. No basta con asumir dicho consentimiento por omisión del usuario, es decir, si no se niega expresamente.
Sanciones por incumplir la LSSICE
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear diferentes sanciones dependiendo de si se trata de infracciones leves o infracciones muy graves.
Multas y sanciones económicas
En el Título VII de la Ley 34 2002 se recogen las infracciones y sanciones de la normativa. En concreto, en el artículo 39 se indican las sanciones por incumplimiento de la ley.
En caso de infracciones muy graves, la multa puede ser de entre 150.001 y 600.000 euros, mientras que para las infracciones más leves la multa puede ascender a los 30.000 euros. En ambos escenarios la sanción puede suponer importantes costes económicos para la empresa.
Al mismo tiempo, la reputación de la empresa también se puede ver comprometida, pues en ciertos casos graves la resolución sancionadora puede aparecer en el Boletín Oficial del Estado.
Casos recientes de sanciones por incumplimiento
En marzo de 2024 la AEPD multó a LinkedIn con 10.000 euros por enviar comunicaciones a usuarios que se habían dado de baja. En este caso, la red social incumplió el artículo 21.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
Este es solo uno de los muchos ejemplos en los que grandes corporaciones o incluso pequeños negocios han tenido que asumir cuantiosas multas por incumplir la LOPDGDD, el RGPD o la LSSICE, entre otras normativas.
Últimas novedades en la LSSICE
La última actualización importante de la LSSICE se produjo el 29 de diciembre de 2022 con la entrada en vigor de la Ley 18/2022, del 28 de septiembre, sobre creación y crecimiento de empresas. La conocida como Ley Crea y Crece ha traído consigo una serie de cambios, entre ellos la incorporación de la nueva factura electrónica.
Además, ha habido modificaciones en la LSSI en 2023, como el artículo 37 que hace referencia a los responsables del cumplimiento o el 38, sobre sanciones. Asimismo,se han derivado cambios por la Ley 11/2023, del 8 de mayo.
Conclusión
En resumen, la LSSI es una pieza clave en la regulación del entorno digital en España y suu cumplimiento es esencial para cualquier empresa que realice actividades a través de internet.
Cumplir la Ley 34/2002 garantiza la seguridad jurídica y la transparencia en las transacciones electrónicas, fomentando la confianza de los usuarios y contribuyendo al desarrollo del comercio electrónico en el país. Por tanto, es responsabilidad de las empresas estar al día sobre esta normativa y cumplir con sus obligaciones. Además, deben asegurarse de comunicar a los usuarios sobre sus derechos.
Por otra parte, las empresas deben asegurarse de estar al día sobre otras normativas que regulan el comercio electrónico. Por un lado, la Ley de Comercio Minorista, la Ley de Consumidores y también las leyes de protección de datos, como la LOPDGDD en España y el RGPD para toda la UE.
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